El Fraude en Aduanas

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La Administración Aduanera puede incumplir con su obligación de controlar el ingreso y salida de mercancías, en virtud de error provocado mediante engaño realizado por usuarios que de esta manera evaden o disminuyen el pago de las debidas contribuciones, o se sustraen del cumplimiento de requisitos señalados como obligatorios por la Ley.

Quien introduce o extrae mercancías por lugares no habilitados incurre en contrabando, pero no engaña, no vicia la voluntad de la oficina aduanera, si bien escapa a ella. Por el contrario, quien presenta ante la aduana un documento falso, alterado, adulterado, forjado o expedido irregularmente, o bien aparenta mediante troqueles o sellos la entrega de dinero a las oficinas receptoras de fondos nacionales, o destruye documentos para evitar el cumplimiento de una obligación comete contrabando mediante engaño, sorprendiendo la buena fe de la Administración y, consecuentemente, viciando su voluntad que si bien se pronuncia libremente se expresa equivocadamente como consecuencia de error generado por los artificios o embustes que la han distorsionado.

Los literales e) y g) a la k) del artículo 105 no son más que variaciones de un mismo planteamiento: quien voluntariamente se sustrae a obligaciones u obtiene beneficios mediante engaño a la aduana, comete contrabando. No se castiga el engaño en si mismo, si no la lesión que por la voluntad del actor se produce o se pretende producir mediante la utilización del medio engañoso a objeto de hacer incurrir en error al sujeto pasivo del delito y obtener de esa manera un beneficio impropio. Los literales en análisis no admiten la simple culpa; por el contrario exigen el dolo, en cuya ausencia sería otro el tipo delictual, de ser alguno invocable. La redacción utilizada por el legislador no nos permite razonar de otra manera, pues señala la persecución de fines antijurídicos con las locuciones: «…con el objeto de acceder a un tratamiento preferencial, de evitar la aplicación de restricción u otra medida a la operación aduanera o en todo caso, defraudar los intereses del Fisco Nacional»; «…destinados a aparentar el pago o la caución de las cantidades debidas al Fisco Nacional». Además, señala como delito el respaldo a las declaraciones con medios capaces de engañar y producir decisiones administrativas erróneas distintas a las que en deberían producirse de no mediar la falsedad, alteración o forjamiento documental. La Ley trata ciertas manipulaciones de los documentos (sustitución, destrucción, adulteración, forjamiento) dirigidos a producir una apariencia injustamente provechosa para el manipulador. El dolo consiste en la intención que antecede al acto por parte del sujeto activo de pretender un tratamiento aduanero distinto al que legalmente le corresponde.

Pero no basta que esté presente el deseo de engañar para lograr beneficio propio o ajeno.

Es necesario que los medios que se utilicen sean idóneos, que las artimañas utilizadas sean lo suficientemente insidiosas o astutas como para engañar al funcionario aduanero. Así, si un usuario presenta una factura evidentemente falsa o alterada o con valores que no tengan relación alguna con la realidad comercial, no podríamos hablar de engaño, pues no toda mentira es capaz de engañar y, en consecuencia, podemos estar en presencia de otro delito o falta.

Se han dado casos en que un importador presenta factura y declaración señalando un valor que constituye apenas una milésima parte del real. Una mentira tan gruesa y evidente, es incapaz de llamar a error a un funcionario medianamente avezado y por tanto mal se podría considerar que se está en presencia de un medio engañoso lo suficientemente hábil como para inducir a engaño y producir el error necesario para hacer posible el daño ajeno y el provecho propio.

La calificación de esta idoneidad es ardua tarea para el juzgador sobre la que se ha hablado y escrito mucho cuando se analiza el delito de estafa. Hay quienes sostienen que la intensidad del engaño debe medirse sobre la base de una prudencia media, mientras que otros consideran que el juez debe analizar cada caso en particular y hurgar en las condiciones intelectuales del estafado. Esta última posición ha ido tomando cuerpo ante la imposibilidad de determinar valores intelectuales medios entre la inmensa disimilitud de los seres humanos. A los fines que interesan a este estudio, puede presumirse que un funcionario aduanero a quien corresponde determinar el régimen jurídico e impositivo aplicable a las mercancías objeto de operación aduanera, tiene conocimientos y experiencias que no son propios de personas que no desempeñen estas funciones, por lo que el medio engañoso debe ser evaluado sin perder de vista estas especiales características.

La falsificación, adulteración, forjamiento, etc. de facturas, conocimientos de embarque y demás documentos privados propios del comercio internacional o de la actividad aduanera en sí no es delito, como tampoco lo sería poseer el troquel de un banco o el sello de una aduana; lo que resulta sujeto a pena es el uso de esos documentos o artefactos, por lo que el momento consumativo del delito sería el de la consignación ante la oficina aduanera de tales documentos o en el caso de troqueles y sellos el de la presentación ante la aduana de los documentos sellados o troquelados de forma irregular.

Asunto distinto es la falsificación, alteración, simulación o forjamiento de documentos públicos. Por un lado, el derecho penal ordinario hace notorias diferencias entre la manipulación indebida de unos y otros; en lo que a los asuntos aduaneros respecta, debemos empezar señalando que los oficios de clasificación arancelaria, delegaciones, permisos, licencias, certificados y similares son documentos públicos por haber sido emitidos por órganos del Estado pero igual a lo que sucede con los documentos privados es su consignación ante la aduana lo que consuma el delito aduanero. Antes de esa consignación, no se ha cometido contrabando.

«La mera falsedad del documento privado, mientras permanezca en propiedad del falsario, no lesiona ningún bien. Apenas constituye, dentro de los estadios del iter criminis, los actos preparatorios. La misma etapa en que se encuentra quien compra el arma para la comisión del homicidio. Puede suceder que quien habiendo dado comienzo a la falsificación de un documento privado para usarlo, sea sorprendido antes de consumar la falsedad, o que cualquier otra circunstancia ajena a esa voluntad le impida utilizar el documento falso, como lo pretendía, en cuyo caso se presentará la tentativa.»

«Usar se refiere al uso que, por ley o por convenio de los particulares está destinado el documento, vale decir, a establecer o modificar situaciones jurídicas. Esta precisión permite algunas exclusiones obvias: no usa el documento quien lo emplea como combustible, o para embalar objetos o con una dirección diferente para la cual fue creado… El uso debe constituir un hecho jurídicamente relevante, o sea, inducir en error grave a una o varias personas sobre la validez jurídica del documento privado de que éste carece en razón de una falsedad. Se ha dicho que el uso del documento falso es simplemente una condición de punibilidad, es decir, la falsificación de documento privado es punible si el falsificador usa tal documento.»

Puede darse el caso de un documento que no se consigna, pero se muestra al funcionario a objeto de inducirlo a error. Tal sería el de la presentación ante el reconocedor de un Oficio de clasificación arancelaria adulterado con el objeto evitar la aplicación de una restricción o la aplicación de una tarifa más elevada. De acuerdo a la Ley se habría cometido un contrabando, pero estaríamos ante un problema de probanza, pues si no queda constancia en el acta de reconocimiento de la presentación del citado Oficio, resultaría difícil establecer la inducción a error mediante esta artimaña.

Pocos documentos han sido presentados a las aduanas con fines tan aviesos como la factura comercial. Al referirse a las facturas falsas, Carlos Fontán Balestra opina: «La falsedad puede consistir, en primer lugar, en documentar una venta que no se realizó, en cuyo caso la falsedad es total; puede consistir, también, en la modificación de los datos consignados en la factura, tales como la cantidad, la calidad, el precio o los vicios aparentes u ocultos de las mercaderías; la fecha, el plazo o cualquier otra circunstancia que produzca el efecto de dar a la factura un valor crediticio que no sea el que corresponde a las verdaderas condiciones de la compraventa realmente efectuada. Se trata de un caso de falsedad ideológica, puesto que la factura en su aspecto material, no es falsa; lo es en lo que documenta.»

Cosa similar puede decirse de los sobordos, conocimientos de embarque, guías aéreas y de encomienda que cada día son más manipulados o destruidos para hacer desaparecer pruebas de introducciones o extracciones subrepticias de mercancías. La entrega de cualquiera de ellos a la autoridad aduanera constituye el momento consumativo del delito. Quien entrega lo hace obviamente para lograr un fin antijurídico pasado por el tamiz del engaño, el error y el consentimiento viciado del órgano estatal.

La falsedad de los documentos puede ser material o ideológica. Es lo primero cuando se confecciona un documento falso o se altera uno verdadero. Es ideológica cuando en un documento auténtico se consignan o insertan hechos o declaraciones falsas, por lo que este tipo de falsedad sólo puede estar presente en documentos públicos, aun cuando muchos autores mantienen posición diferente.

Adulterar un documento es alterarlo, bien incluyendo manifestaciones no formuladas por el otorgante, pero sólo mediante sustitución o supresión.

Alterar un documento es sustituir una parte de él por otra o agregarle lo que no tenía. Para la alteración debe existir un documento genuino que se altera, pero no se forma. La simple corrección de errores materiales no es delictuosa, pues no tiene como objeto viciar el contenido ni produce ni siquiera potencialmente un daño jurídico, económico o de cualquier otra índole.

«Hacer un documento es imitar los signos de autenticidad (escritura, firmas, sellos). Hacerlo en todo es atribuir u texto a quien no lo ha otorgado, crear el documento con todos los signos de autenticidad que requiera para producir efectos jurídicos; no es indispensable que se imite un documento verdadero ya existente, pero si que se trate de una falsificación que, idóneamente, pueda hacer pasar el documento como verdadero; entonces tenemos que se debe dar una atribución del tenor del escrito a alguien, sin cuya atribución no habrá tipo ( p. ej. un recibo sin firma); ese alguien debe ser una persona existente o que ha existido, pues si se atribuye a personajes ficticios, el eventual perjuicio no procederá de la falsificación misma, sino del uso del documento «inventado», lo que puede ser vehículo de otros delitos (p. ej. defraudación), pero no falsificación de documento, aunque hay que reconocer que una fuerte corriente de la doctrina y la jurisprudencia admite también la tipicidad de la falsedad documental cuando el tenor se atribuye a persona inexistente, pero en los ejemplos que se invocan para avalar esa apreciación nunca falta la atribución de un tenor a personas que realmente existen o han existido ( p. ej. imitación de una escritura pública donde la persona que no existe ni existió es aquel a quien se hace figurar como el notario que da fe del acto).»

El literal k) del artículo 105 requiere un comentario especial. Allí se trata lo referente a la alteración, sustitución, destrucción, o forjamiento de declaraciones, actas de reconocimientos, actas sobre pérdidas o averías, actas de recepción o confrontación de cargamentos, resoluciones, facturas, certificaciones, formularios, planillas de liquidación y autoliquidación y demás documentos propios de la gestión aduanera.

Dentro de un esquema lógico, no es posible admitir que la simple destrucción o alteración de un documento propio de la gestión aduanera constituya delito y acarreé el comiso de las mercancías y demás penas establecidas en la Ley.

Por ejemplo, la destrucción o adulteración de una factura que se encuentra en manos del comprador no es punible, por cuanto ni siquiera constituye un acto preparatorio del contrabando, pues, como ya hemos dicho, la adulteración de documento privado en si misma no es delito, hasta tanto sea usado con el objeto de engañar y producir un error que produzca un beneficio ilegítimo.

Por lo tanto, debemos entender que el literal comentado se refiere a documentos que reposen en las oficinas aduaneras y que sean manipulados con posterioridad a su ingreso a ellas, con el objeto de obtener un provecho injusto con perjuicio de algún bien tutelado por el Estado.

Una interpretación distinta a la que aquí señalamos, daría pie a un agudo estado de inseguridad jurídica, pues los usuarios de las aduanas quedarían sujetos a la aplicación de penas diversas por hechos que se encuentran fuera de su control, como sería el caso de un incendio en los archivos de una aduana o la destrucción por error de material archivado antes de que se venza el plazo acordado para ello por las disposiciones legales que regulan la materia.

Este literal sería de más fácil interpretación y mejor aplicación si al igual que sus homólogos g) y h) hubiese señalado el fin perseguido con la alteración, sustitución, destrucción, etc., pues por ejemplo múltiples pueden ser las causas de la destrucción de documentos (incendio, inundación, conmoción civil, terremoto) sin que ello signifique infracción a la ley. Además, podría suceder que alguien manipule los documentos de un embarque a espaldas de su propietario y éste resulte injustamente incriminado en un hecho delictivo.

Sobre la destrucción de documentos, comenta Lureta Goyena en los siguientes términos: «… la destrucción de un documento probatorio, para los viejos maestros no constituía falsificación. Los juristas modernos encaran este hecho con un criterio diametralmente distinto. Para ellos la destrucción de un documento probatorio equivale jurídicamente a la creación de un documento probatorio falso. Me parece que este criterio es digno de aprobación. Romper un documento suscrito por Juan a favor de Pedro, por la suma de diez mil pesos, prácticamente equivale a hacer un documento de liberación suscrito por Pedro a favor de Juan por la misma cantidad. Los efectos económicos y jurídicos son idénticos, y lo natural es que el legislador los identifique o conglomere desde el punto de vista de la criminalidad.» («Derecho Aduanero». Caracas, 2002)

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Noviembre 2004/Boletín Aduanero N° 10