La aduana y la propiedad privada

aduanas

Estas reflexiones no alcanzarían sus objetivos si antes de empezar a tratar los temas específicamente aduaneros, no hiciéramos un análisis más o menos extenso de la propiedad privada; se sabe que la razón de ser de las aduanas está íntimamente ligada a las mercancías, objeto de propiedad privada, que son movilizadas entre diferentes países, es decir, que son comercializadas internacionalmente.

Tal como la conocemos actualmente, la propiedad se ha ido desarrollando a través de los tiempos y perfeccionándose hasta ser reconocida como un derecho humano. No siempre se reconoció la función social de dicha institución; así, para el derecho romano el derecho del titular sobre la cosa era absoluto, aun cuando había cierto reconocimiento de limitaciones en caso de colisión entre el interés particular y el colectivo.

Durante el medioevo se presentó la denominada propiedad feudal dividida en dos grandes facetas: a) la propiedad del señor feudal, quien era dueño de casi todas las tierras; y, b) la del terrateniente, que era quien en verdad la trabajaba y sobre quien pesaban una serie de gravámenes que le imponía su señor y eran pagados tanto en dinero como en servicios personales. Aunque con menor importancia, existía también un tercer grupo formado por los trabajadores (gleba) de la tierra que eran una suerte de semovientes anclados a las tierras que trabajaban y sobre las cuales vivían y cuya propiedad, cual cosas, se trasmitía junto con ellas.

En la medida en que el señor feudal se hizo menos necesario y que sus servicios como protector de los terratenientes y de los siervos fue disminuyendo, igualmente disminuyeron las retribuciones a que estaban sujetos los usufructuarios de su protección.

Como toda situación extremista, el abusivo concepto de propiedad que privó durante el medioevo produjo una firme reacción, hasta el punto de ser considerada como parte integrante de la libertad humana. Locke dijo que “Dios, que diera el mundo a los hombres en común, les dio también la razón para de que hicieran su segunda mayor ventaja de su vida y conveniencia. La tierra y cuanto en ella se encuentra, dado que fue a los hombres para el sustento y satisfacción de su ser. Y aunque todos los frutos que naturalmente rinde y animales que nutre pertenecen a la humanidad en común, por cuanto los produce la espontánea mano de la naturaleza, y nadie goza inicialmente en ninguno de ellos de dominio privado exclusivo del resto de la humanidad mientras siguieren los vivientes en su natural Estado, con todo, siendo aquellos conferidos para el uso de los hombres, necesariamente debe existir medio para que según uno u otro estilo se consiga su apropiación para que sean de algún uso, o de cualquier modo proficuos, a cualesquiera hombres particulares”. (John Locke. Ensayos sobre el gobierno civil).

El 12 de junio de 1776, se dicta la declaración de derechos de Virginia en cuyo primer artículo se señala que «todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados» y, además, el derecho de adquirir y poseer propiedades. Luego, el 26 de agosto de 1789, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo segundo artículo se definen como derechos naturales e imprescriptibles del hombre la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, para señalar más adelante, en su artículo 17, que siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una justa y anterior indemnización.

En España, las Leyes de Partidas definieron la propiedad como como el poder del hombre para disponer de la cosa según Dios y según el fuero; tal fuero eran las restricciones y limitaciones que se le imponían al propietario de tal manera que dicho derecho fuera disfrutado sin causar perjuicio ajeno.

No podía la poderosa e influyente Iglesia Católica dejar de pronunciarse sobre tema tan importante, e hilvanó la llamada Doctrina Social de la Iglesia, afincada en la prohibición de desear lo ajeno: “no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, dinero ni la heredad, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de las que son suyas.”

El Papa León XIII, en su Encíclica Rerum Novarum dictada en 1891, que “por ser el hombre el solo animal dotado de razón, hay que conceder necesariamente al hombre la facultad, no sólo de usar, como los demás animales, sino de poseer con derecho estable y perpetuo, así las cosas que con el uso consume, como las que, aunque usemos de ellas, no se acaban. Lo cual se ve más claro si se estudia en sí y más íntimamente la naturaleza del hombre. Éste porque con la inteligencia abarca cosas innumerables y a las presentes junta y en la sala futuras, y porque además es dueño de sus acciones, por esto, sujeto a la ley eterna y a la potestad de Dios, que todo lo gobierna con providencia infinita, así mismo se gobierna con la providencia de que escapa a su razón, y por y por ser esto también tiene la libertad de elegir aquellas cosas que juzgue más a propósito para su propio bien, no sólo el tiempo presente, si no a un en el que está por venir de donde se sigue que lleve el hombre tener dominio no sólo de los frutos de la tierra, sino además la tierra misma, porque de la tierra que se producen para ponerse a sus servicios las cosas de que el de necesitar en el porvenir. Dan, en cierto modo las necesidades de todo hombre perpetuas vueltas, y así satisfecha voy vuelven mañana ejercer su imperio debe pues, la naturaleza haber dado algo estable y que perpetuamente dure, para que de ella perpetra perpetuamente pueda esperar el alivio de sus necesidades. Y esta perpetuidad nadie sino la tierra con su fruto puede darla mía hay para qué se entrometa el cuidado y providencia del Estado, porque más antiguo que el estado del hombre, y por esto antes que se formase estado ninguno, debió recibir el hombre líder de la naturaleza el derecho de cuidar de su vida y de su cuerpo. Mas el haber dado Dios la tierra a todo linaje humano, para que use de ella y la disfrute, no se opone de manera alguna a la existencia de propiedades particulares porque decir que Dios ha dado toda la tierra todo el linaje humano, no es decir que todos los hombres indistintamente sean señores de toda ella, sino que no señaló Dios a ninguno en particular la parte que había de poseer, dejando al industria del hombre y a las leyes de los pueblos la determinación de lo que cada uno en particular había de poseer por lo demás aún después de repartida entre personas particulares no cesa la tierra de servir a la utilidad común, pues no hay mortal ninguno que no se sustente de lo que produce la tierra. Los que carecen de capital lo suplen con su trabajo, de suerte que con verdad se puede afirmar que todo el arte de adquirir lo necesario para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo, que os emplea en una finca, o en una de industria lucrativa, cuyo salario, en último término, de los frutos de la tierra se saca con ello se permuta. Dedúcese de aquí también que la propiedad privada es claramente conforme a la naturaleza. Porque las cosas que para conservar la vida y más aún, las que para perfeccionarla son necesarias, produce la tierra, es verdad con grande abundancia, más en el cultivo el cuidado de los hombres no las podría producir. Ahora bien: cuando en preparar estos bienes naturales gasta el hombre la industria de su inteligencia y la fuerza de su cuerpo, por el mismo hecho se aplica a sí aquella parte de la naturaleza material que cultivó, y en la que dejó impresa una como huella o figura de su propia persona; de modo que no puede menos de ser conforme a la razón que aquella parte la posea el hombre como suya y a nadie en manera alguna le sea lícito violar su derecho”.

Transcurridas cuatro décadas, el Papa Pío XI dicta la Encíclica Quadragesimo Anno en la que dice: “téngase por cosa cierta y averiguada que en mi León XIII ni los teólogos que enseñaron, guiado por el magisterio de la Iglesia, han negado jamás o puesto en duda el doble carácter de la propiedad, llamado individual y social, según que atienda al interés de los particulares o mire al bien común y, antes bien, todos unánimemente afirmaron siempre que el derecho de propiedad privada fue otorgado por la naturaleza, o sea por el mismo creador, a los hombres, ya para que cada uno pueda atender a las necesidades propias y de su familia, ya para que por medio de esta institución, los bienes que el creador destinó a todo el género humano sirvan en realidad para tal fin todo lo cual no es posible lograr en modo alguno sin el mantenimiento de cierto y determinado orden. Por lo tanto, hay que evitar cuidadosamente el choque contra un doble escollo. Como, negado o atenuado el carácter social y público del derecho de propiedad, por necesidad se caen el llamado de dualismo, o al menos se acerca uno a él; de semejante manera rechazado o disminuido el carácter privado e individual de ese derecho se precipita uno hacia el colectivismo, o por lo menos se tocan sus postulados.”.

En virtud del gran interés que produjo la Encíclica Rerum Novarum, en 1920 se constituye la Unión Internacional de Estudios Sociales, la cual produjo el Código Social de Malinas, en el cual se lee, entre otras cosas, lo siguiente: “los bienes materiales de este mundo están destinados por la providencia divina, en primer lugar, a la satisfacción de las necesidades esenciales de todos. La apropiación de la tierra y de los instrumentos de producción es ilegítima, porque es conforme a la naturaleza humana y por qué, en general, este régimen asegura, mejor que cualquier otro, la utilización de los bienes materiales pero el detentador de la riqueza debe tener en cuenta las miras de la providencia sobre los bienes cuya gestión tiene, y subordinar su uso a su destino primitivo. Bajo la influencia de diversos factores, como la geografía, la naturaleza del suelo y del subsuelo, la técnica industrial, las costumbres, la legislación, etcétera, la propiedad privada puede revestir diversas modalidades, tomar mayor o menor extensión, estar sometida a ciertas restricciones. En la medida en que la legislación de la iniciativa privada pueden ejercer una acción eficaz, debe esforzarse por restablecer la forma que realice las máximas ventajas inherentes a la propiedad privada.”

El francés Henry Vizioz, Profesor Asociado de Derecho, titular de la Cátedra de Procedimiento Civil de la Facultad de Derecho de Burdeos y Decano de la Facultad de Derecho (1934-1948), interpretando la doctrina social de la Iglesia, escribió: “la tarea de la autoridad pública se reduce a conciliar y armonizar la función personal y la función social de la propiedad, entre las que existen estrechos vínculos que hacen que la supresión de una obstaculice el cumplimiento de la otra. Consiste, aplicando la regla moral de los hechos cambiantes, en traducir esta regla moral en principio jurídico. El estatuto ideal de la propiedad es aquel que, en cada momento, permite a la persona realizar su destino propio, cooperando al bien común.”

El eminente profesor Segundo Linares Quintana, en su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, resalta la diferencia entre el concepto constitucional y el concepto civil de la propiedad. Para el, en la órbita del derecho civil la propiedad recae única y exclusivamente sobre las cosas o, en otras palabras, sobre los objetos corporales, mientras que en el campo del derecho constitucional, evidentemente más amplio, abarca además todos los derechos patrimoniales de una persona, tanto física como jurídica. La propiedad –continúa– que aborda el texto constitucional, se refiere tanto a bienes corporales como incorporales, es decir, a todos los derechos susceptibles de apreciación económica y que no se confunden con la persona misma.

Cita dicho autor de que la Corte Suprema estadounidense ha declarado reiteradamente que la propiedad comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y libertad. Pero la corte va aún más allá al sostener que la propiedad incluye el derecho de adquirir, usar y disponer de ella, advirtiendo también que este término no solamente está circunscrito a las cosas tangibles, sino a todo lo que pueda tener un valor cambiable.

Así pues, la doctrina parece admitir pacíficamente el término propiedad abarca no solamente las cosas tangibles, los bienes corpóreos, lo que en el mundo comercial y aduanero llamamos las mercancías, sino también los derechos que sobre las obras del ingenio tengan sus creadores. La aduana moderna está asumiendo la protección de esos derechos intangibles mediante el control de la veracidad de las marcas y la indagación de que los propietarios intelectuales no sean burlados en sus legítimos derechos.

La legislación constitucional venezolana sobre la propiedad, encabezada por el artículo 115 de la Constitución, garantiza sin ambages este derecho como goce, disfrute y disposición, agregando que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, pero señalando de inmediato que esas contribuciones, restricciones y obligaciones solamente podrán establecerse con fines de utilidad pública o interés social. Así, nuestro constituyente acogió la teoría de que la propiedad privada solamente pueda ser restringida cuando colida con el bien común o el interés general.

Este artículo junto con el 50 del mismo texto constitucional, fundamentan la existencia de las aduanas y su correspondiente actividad. Toda persona -reza dicho artículo 50- puede cambiar libremente su domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Según el texto de ambos artículos, el disfrute de la propiedad es el principio y las restricciones, contribuciones y obligaciones tienen carácter excepcional y únicamente podrán establecerse cuando así lo requieran la utilidad pública o el interés social. Nótese que las cargas sobre la propiedad, de si excepcionales, están a su vez restringidas a las demandas del bien común.

Comprender cabalmente el contenido y alcance de los textos citados, es imprescindible para entender lo angosto de la discrecionalidad del Estado y de sus órganos cuando se trate de restringir el disfrute de la propiedad privada la que, cada vez más ampliamente, es reconocida como un derecho humano inmanente a la libertad individual.

Si bien puede decirse que la idea y el concepto de propiedad aparecieron simultáneamente con el hombre, cosa muy distinta sucedió con la propiedad intelectual por razones fácilmente explicables.

En la edad antigua, Grecia se muestra como el país mejor dotado intelectualmente; hasta nuestros días han llegado las enseñanzas de sus grandes filósofos y de sus políticos que inventaron la democracia como régimen de gobierno y, aún más, como una manera de vivir. Pero ni aún la culta Grecia escapó a las limitaciones de la época en que floreció, pues sólo las obras del ingenio humano no adquirieron su justo valor mercantil hasta que Johann Gutenberg inventó la imprenta en 1450. Antes de ese momento luminoso para la humanidad, los libros eran reproducidos a mano, con las limitaciones que ello implica: alto costo unitario y bajo número de ejemplares puesto a la orden del público.

No exageramos al afirmar que el invento de Gutenberg tuvo consecuencias explosivas para el mundo de su época; como consecuencia directa nace la empresa editorial y la reproducción manual de libros, que durante la edad media quedó restringida a monjes recluidos en conventos, pasó a ser historia. Fue de tal magnitud la proliferación de imprentas que apenas 50 años después del invento del alemán, la ciudad de Venecia tenían más de 400 imprentas.

El vigor con que se expandió la industria editorial trajo consigo situaciones inéditas que fue necesario abordar desde el punto de vista jurídico, dando lugar al nacimiento de los llamados Privilegios, que eran una suerte de derecho de autor que operaba a favor del editor. Así, éste obtenía la exclusividad de reproducir y distribuir obras -a perpetuidad- compradas a sus autores, con lo cual se creó una situación de injusticia hacia el creador intelectual, es decir, hacia el verdadero autor y se fue creando una situación monopolística que, a la larga, obstruyó el desarrollo de la industria en favor de los editores más antiguos.

Durante todo el siglo XVII los editores ingleses propugnaron la ampliación de sus derechos, hasta el punto de llegar al Parlamento un proyecto de ley que, a la larga, les resultó contraproducente, pues en 1710 se aprueba el Estatuto de la Reina Ana, que pone plazo a la duración del copyright y, muy especialmente, se establece con fuerza de ley, que toda impresión debía estar precedida del permiso correspondiente otorgado por el autor y, además, se reconoce el derecho de este a escoger la editorial para la publicación de su obra; de esta manera se reconoce el esfuerzo y talento creativo de los autores, lo que trajo consigo como beneficio colateral un incremento de la creación artística y literaria y, principalmente, un estatuto que hacía justicia a quienes tradicionalmente eran la parte débil en sus controversias con los editores.

Si bien el estatuto de la reina Ana tuvo el privilegio de ser pionero en la protección de los derechos de los autores, otros cuantos deben ser mencionados: el Convenio de París (1883), mediante el cual se otorga carácter internacional a la protección de derechos de autor, en cuanto que asegura a los creadores sus obras serán protegidas en otros países; el Convenio de Berna (1886), impulsado por el escritor francés Victor Hugo, protege las obras artísticas y literarias, tales como novela, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, operas, esculturas, pinturas y obras arquitectónicas; el Arreglo de Madrid, gracias al cual se crea el primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual; la fusión en 1893 de las  secretarías de los convenios de París y de Berna, conocidas como BIRPI por sus siglas en francés, tuvo su asiento en Berna y fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

 

 

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