Admisión temporal e intereses moratorios

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El 19 de diciembre del año recién concluido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia produjo una sentencia mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso apelación intentado por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° 1209 de fecha 21 de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Esta decisión judicial no tendría mayor relevancia, si no estuviera acompañada por una inusual condena en costas que debe llamar a reflexión a quienes dirigen la defensa de los intereses de la República en las diferentes instancias judiciales y pudiera ser útil para un necesario rencuentro entre la representación judicial de la República y los principios de justicia y equidad que por mandato constitucional deben regir cada una de las actuaciones de los órganos del Estado.

La controversia se originó en la liquidación de intereses moratorios que hiciera la Aduana de Guanta-Puerto La Cruz, con motivo de la nacionalización de una mercancía originalmente ingresada bajo el régimen de admisión temporal, a pesar de que hay reiterada y pacífica jurisprudencia en el sentido de que sólo se pueden exigir este tipo de intereses cuando preexista una deuda líquida, exigible e insatisfecha oportunamente.

Veamos partes de la sentencia comentada:

“Tal actuación de la Aduana colide con el dispositivo previsto en el transcrito artículo 66 in comento, por cuanto la obligación de pagar intereses moratorios se genera con ocasión al vencimiento del plazo establecido para el pago de los tributos, hecho que ocurre en materia aduanera posterior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de las respectivas planillas de liquidación donde se cuantifican los conceptos por tributos adeudados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas (…). Esto así, por cuanto en aduanas no existe norma jurídica alguna que regule la figura de la autoliquidación o pago previo de los gravámenes aduaneros y demás tributos exigibles con motivo de la nacionalización de mercancías, situación ésta (sic) que si ocurre en materia de tributos internos.

…omissis…

Al no existir un crédito fiscal exigible y de plazo vencido, no puede pretenderse cobrar a la recurrente intereses moratorios, por cuanto no se encuentra dado el supuesto legal para su procedencia, ya que la misma implica necesariamente una dilación o tardanza en cumplir una obligación cuantificada y de plazo vencido.

…omissis…

En base a lo expresado, y destacando este Tribunal que la decisión de la Sala Especial Tributaria de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (…), que modificó la pacífica y reiterada Jurisprudencia del Máximo Tribunal en materia de intereses moratorios, perdió vigencia bajo la redacción y contenido del artículo 59 del Código Orgánico Tributario, 1994, como se expresa en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno del 14 de diciembre de 1999 (…) interpreta que el cobro de los intereses moratorios, para el período transcurrido desde la introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional bajo el régimen de admisión temporal, hasta el momento de su nacionalización, es decir, por el lapso en el cual las mismas estaban sometidas al citado régimen especial, resulta improcedente ya que para ello es necesario que se haya verificado retardo en el pago es decir, que versen sobre créditos exigibles y de plazo vencido, por lo que los intereses moratorios calculados para el presente caso resultan ilegales; en consecuencia; los actos administrativos que ordenan su liquidación están viciado (sic) de nulidad, así como sus accesorias Planillas de Liquidación de Gravámenes. Así se declara.

Por cuanto en las planillas de liquidación impugnadas además de los intereses moratorios se determinaron montos por concepto de impuesto al valor agregado, calculados sobre el monto determinado por concepto de intereses moratorios, con la alícuota del 15,5% en las Planillas de Liquidación de Gravámenes, formularios (…), a través de las cuales se cuantificaron las cantidades de impuestos (Bs. 3.058.430,64) e intereses moratorios (Bs. 19.731.810,00), así como las Planillas de Liquidación de Gravámenes (…), a través de las cuales se cuantificaron las cantidades de impuestos (Bs. 1.638.922,93 y Bs. 1.675.615,93 respectivamente) e intereses moratorios (Bs. 10.573.696,7 y Bs. 10.810.425,34 respectivamente), y con la alícuota de 14,5% en las Planillas de Liquidación de Gravámenes (…) en las cuales se cuantificaron las cantidades de impuestos (Bs. 3.492.128,41) e intereses moratorios (Bs. 24.083.644,21), como consecuencia de la declaratoria precedente, los montos determinados por concepto de impuesto al valor agregado son improcedentes y así se declara.”

“En cuanto a la aplicabilidad del artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales, ha señalado esta Sala en uno de los fallos citados que “…de la lectura de la referida norma, puede apreciarse que no se están creando en modo alguno intereses moratorios, la norma en cuestión simplemente dispone que cuando no se cumplan las condiciones establecidas en la autorización de admisión temporal de la mercancía, el momento a partir del cual será exigible el pago de los impuestos (aduaneros), es la fecha de llegada de las mercancías, y será el incumplimiento de este pago dentro del plazo establecido, el que generará la obligación de pagar intereses moratorios, por el lapso transcurrido hasta la fecha de pago o de ejecución de la garantía constituida, calculados conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario…” (vid. sentencia Nº 00922 del 6/04/06).”

“De conformidad con lo expuesto debe concluir esta Sala que, contrariamente a lo expresado por la Administración Tributaria, no hay incumplimiento por parte de la contribuyente de “las condiciones establecidas en la autorización” de nacionalización de la mercancía; por lo tanto, no es aplicable al caso de autos el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales; en consecuencia, se confirma la declaratoria del a quo en relación a que “el cobro de intereses moratorios con base a este artículo vulnera el principio de legalidad constitucional y legalmente establecido” y se desestima el vicio de errónea interpretación de la normativa aplicable, denunciado por la representación del Fisco Nacional. Así se declara.”

“En razón de lo expuesto, esta Sala disiente del criterio esgrimido por la representación fiscal, puesto que si bien es cierto que la norma contenida en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Aduanas, contempla la obligación del afianzamiento de los impuestos, tal como ocurrió en el caso de autos con las debidas garantías dadas por la contribuyente, ya que tales fianzas se justifican única y exclusivamente “para responder de su reexportación o reimportación” de las mercancías dentro de los plazos dados legalmente. No obstante, aprecia este Máximo Tribunal que tales supuestos no se cumplieron, puesto que la contribuyente optó por la nacionalización de las mercancías, cuyos impuestos fueron debidamente cancelados, tal como consta de los autos; razón por la cual, al desaparecer la condición a que estaba sujeta tal obligación, y habiéndose verificado el pago de los tributos correspondientes, no se justifica tal afianzamiento. En tal sentido, esta Sala comparte el criterio del a quo y ordena la liberación de la fianza y, por ende, el otorgamiento del finiquito correspondiente. Así se declara.”

“En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR el recurso apelación intentado por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° 1209 de fecha 21 de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se CONFIRMA la declaratoria de inaplicabilidad del artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales para la causación de intereses moratorios en el presente caso.

Se CONDENA EN COSTAS al Fisco Nacional en el cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.”

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Diciembre 2006/Boletín Aduanero N° 35