Constitución y aduanas I

aduanas

El principio de la supremacía constitu-cional, que consiste en la aceptación universal de que la Constitución es la norma suprema de la cual deriva todo el andamiaje jurídico del Estado, no ha encontrado en Venezuela su mejor hábitat.

La Constitución es la partida de nacimiento del Estado, la suprema expresión de la voluntad de individuos que asentados sobre un territorio deciden organizarse como tal y establecer las reglas fundamentales de su relaciones, tanto internas como externas, es decir, entre los connacionales y frente a los demás Estados. Tal es la importancia de la Constitución, que Carré de Malberg afirma en su obra Teoría General del Estado que “el Estado debe su existencia, ante todo, al hecho de que posee una Constitución. Si la organización de la comunidad nacional es en efecto el hecho primordial en virtud del cual se encuentra erigida en Estado, hay que deducir de ello que el nacimiento del Estado coincide con el establecimiento de su primera Constitución, sea o no escrita, es decir, con la aparición del estatuto que por primera vez ha provisto a la colectividad de órganos que aseguran su voluntad y que hacen de ella una persona estatal.”

La Constitución de 1999 acoge sin reservas la supremacía constitucional, así: “En la disposiciones fundamentales se consagran los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, según los cuales ella es la norma de mayor jerarquía y alcanza su vigencia a través de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida histórica de forma determinante o reguladora. Dichos principios constituyen el fundamento de todos los sistemas constitucionales del mundo y representan la piedra angular de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales y de la justicia constitucional. Con base en lo anterior, todos los órganos que ejercen el Poder Público, sin excepción, están sometidos a los principios y disposiciones consagrados en la Constitución, y por tanto, todos sus actos pueden ser objeto de control jurisdiccional de la constitucionalidad.” (Exposición de motivos)

Por su parte, la Disposición derogatoria Única es del siguiente tenor: “Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución.”

Entonces, queda claro que ninguna norma jurídica debe sobrevivir en el mundo del derecho si contradice la Constitución; por ello, la institución del comiso aplicado por autoridad administrativa establecida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas amerita una urgente revisión, no sólo para adecuarla al precepto constitucional garante de la propiedad, sino también por lo inoperante que ha resultado históricamente con respecto a los fines que teóricamente persigue.

A nuestro entender el comiso, como cualquier otra institución jurídica, requiere un asidero constitucional, debe perseguir un fin justo, contar con una justificación ética y procurar el bien común. Caso contrario, la revisión no debe postergarse.

Nuestras dos últimas constituciones reservan al poder judicial la expropiación de cualquier clase de bienes, pues ambas utilizan la locución “mediante sentencia firme”, siendo ésta una expresión exclusiva del poder judicial; los órganos administrativos -recordemos- se expresan mediante actos administrativos con características sustancialmente distintas a las de las sentencias judiciales.

Por simple interpretación gramatical, al no estar habilitada la autoridad administrativa para emitir sentencias, no le es posible aplicar comisos o su equivalente: expropiaciones. Pero ello no quiere decir que el país quedaría desnudo de protección ante los daños que pudiera causarle el ingreso de cierto tipo de bienes, pues ello contrariaría la esencia misma de la tarea fundamental encomendada a las aduanas: proteger a la Nación de los perjuicios que pudiera causarle la introducción de ciertos bienes procedentes del extranjero. La simple eliminación del comiso pudiera tornarse en un mal mayor, en una cura peor que la enfermedad si no sustituida por una sanción constitucionalmente admisible: multa con obligación de reexportar los bienes controvertidos, quedando los gastos que ello generaría a cargo del consignatario aceptante.

Con la sustitución del comiso por multa con reexportación, el Ejecutivo se desprendería de una serie de problemas inherentes a la administración de los bienes decomisados, se cumpliría cabalmente con el fin contralor señalado a las aduanas y se evitarían corruptelas mil veces comentadas.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Diciembre 2010/Boletín Aduanero N° 53