Constitución y aduanas II

aduanas

En la historia de este País, pocos profesionales han sido sometidos a los abusos, violación de derechos constitucionales e inestabilidad laboral como los aduaneros.

En buena parte esta situación se debe a la abulia que durante décadas han mostrado estos profesionales en la defensa de sus legítimos intereses; al descrédito derivado de conductas reñidas con la moral pública; a la falta de organismos gremiales bien organizados y mejor dirigidos, que tengan la vocería del colectivo profesional y, no menos importante, a la desidia de una Administración aduanera signada por la improvisación, el amiguismo y la política de poca monta.

La Ley Orgánica de Aduanas establece en su artículo 34 que la aceptación de la consignación y la declaración de los efectos de exportación deberán hacerse a través de un agente de aduanas. Este agente es una innovación de la Ley Orgánica de Aduanas de 1979, según se puede leer en su Exposición de Motivos: “El proyecto incorpora el concepto de “agente aduanero” en sus­titución del llamado “comisionista”, pues se ha estimado que la re­presentación legal ejercida en estos casos excluye la configuración de un contrato de comisión. En cuanto a este punto se contempla la necesidad de participación de este auxiliar de la administración, se exige autorización del Ministerio de Hacienda para actuar como agente aduanero, la cual se otorgará de cumplirse diversos requisitos tales como los referentes a nacionalidad venezolana y capacidad técnica; igualmente, se consagra la posibilidad de revocar o suspen­der la autorización en caso de irregularidades comprobadas.”

Esta Exposición evidencia una doble intención en la creación del agente de aduanas; por un lado, corregir el inveterado error de llamar “comisionista” a quien no era parte de un contrato de comisión sino de mandato; por el otro, profesionalizar el ámbito aduanero, tan lleno de improvisación y tan permeable al asalto de los aventureros.

La profesionalización pretendida conlleva, necesariamente, una restricción cualitativa que execra a los no profesionales de la gestión aduanera, admitiendo que muchos de los problemas que se presentaban en las aduanas eran producto de la impericia y de la improvisación de sus factores internos y externos.

Nuestras dos últimas constituciones (1961 y 1999) establecen el derecho de los ciudadanos dedicarse a la actividad económica de su preferencia (artículos 96 y 112, respectivamente) sin más limitaciones que las establecidas constitucionalmente y en las leyes. Así, se establece como principio el derecho de cada quien a escoger su modo de vida, con las restricciones que por vía de excepción establezca la Carta Magna o la ley, entendiéndose por ley …el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador.” (ver artículos 202 de la Constitución vigente y 162° de la derogada). Pero aun más, el artículo 87 de la Constitución del 99 preceptúa que todos tienen el derecho y el deber de trabajar, mientras que el artículo 89 afirma que el trabajo es un hecho social que gozará de la protección del Estado, pues es fin del Estado fomentar el empleo (artículo 87).

En resumen, el trabajo es un derecho que por su importancia social merece la protección del Estado y sólo la ley formal puede limitarlo, pues como señala el artículo 87 constitucional “La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.”

Los profesionales aduaneros recién egresados tienen tres posibilidades de empleo: ser funcionarios públicos, empleados de empresas del ramo o agentes de aduana. La primera es descartable por aquellos que no gocen del plácet político; la segunda, amén de difícil, los somete a remuneración insuficiente en ambientes profesionalmente poco atractivos y, por último, el agenciamiento de aduanas escapa a las posibilidades de la gente sin dinero o sin influencias.

¿Por qué el agenciamiento de aduanas no es la actividad por excelencia de los profesionales aduaneros?

Porque intereses económicos del momento impulsaron a la extinta Dirección General de Aduanas a redactar un adefesio jurídico que luego de la aprobación ministerial se convertiría en la Resolución 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993 (Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 4 de marzo de 1993). Dicho instrumento, violatorio de los derechos constitucionales de los profesionales aduaneros y transgresor del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se viene aplicando ininterrumpidamente desde su promulgación, generando un mercado negro de agencias de aduana e ingresos irregulares a quienes la administran.

Además de inconstitucional, esta Resolución es ilegal por hacer caso omiso del numeral 8 del artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas el cual, a su vez, tiene claros visos de inconstitucionalidad al habilitar al Reglamento para restringir el derecho al trabajo.

Muchas otras se podrían comentar sobre este tópico, pero nos conformamos -por ahora- con recordar a quienes aplican la inconstitucional, ilegal y absurda Resolución 2.170, que la acción penal por violaciones a los derechos humanos es imprescriptible.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Diciembre 2010/Boletín Aduanero N° 53