El segundo deudor

aduanas

Dentro de un sano juicio, no es posible analizar la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas en lo que respecta a los agentes de aduana, sin invocar tres instituciones jurídicas fundamentales: el mandato con representación, la prenda y la obligación aduanera.

Se llama mandato con representación la autorización que una persona confiere a otra para que en su nombre haga lo mismo que ella haría en un determinado asunto; quien otorga la facultad se llama poderdante o mandante y quien la recibe apoderado, poderhabiente o mandatario.

Según nuestro Código Civil, en su artículo 1.684, “el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello.” Son varios los aspectos medulares de este artículo que pudieran ser resaltados, pero es uno el que llama nuestro interés: la ejecución de negocios por una persona que ha sido encargado de ello por otra, por cuya cuenta actúa. En la ejecución del mandato, el apoderado actúa y realiza actos jurídicos, pero no en ejercicio de su voluntad, si no en cumplimiento de instrucciones de quien lo ha contratado para que actúe en su nombre y representación. Para los romanos, padres del derecho civil, el mandatum deriva de la locución manun dare (dar la mano) en un doble sentido: el de la confianza que se deposita en el mandatario y en el de la representatividad, de quien entrega su mano para que sea usada como si permaneciera adherida a su propio brazo.

La prenda es el contrato real mediante el cual el deudor entrega una cosa al acreedor para seguridad de la deuda. Dícese que es un contrato real, por cuanto se perfecciona con la entrega de la cosa, que es su objeto; tal entrega sucede en aduanas en virtud de la obligación de los transportistas de arribar a lugar habilitado para la operación de que se trate y descargar íntegramente el cargamento destinado a él, a objeto de que sea aprehendido por el Estado. La prenda, como obligación accesoria, depende de la existencia de una obligación principal, cuya desaparición trae, consuno, su desaparición.

La prenda aduanera es más amplia que la civil, por cuanto tiene un doble objeto: garantizar el cumplimiento de los trámites inherentes a la operación y de los requisitos a que pudiera estar sujeta la mercancía sobre la que ella verse y, por el otro, asegurar la percepción de los tributos causados.

La obligación aduanera es el vínculo jurídico entre dos partes en virtud del cual una de ellas está legalmente facultada para exigir a la otra, denominada consignatario aceptante, exportador o remitente, el cumplimiento de prestaciones que pueden consistir en dar y/o hacer o no hacer una cosa.

El obligado, es decir, el sujeto pasivo de la relación jurídico aduanera es el declarante, quien se considerará como propietario de la mercancía (presunción iure et de iure) y estará sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo. (Artículo 104 de la LOA).

Así pues, tenemos un sujeto activo y otro pasivo en la persona (natural o jurídica) del declarante y una obligación que los vincula, mediante la cual el segundo debe soportar una serie de restricciones a su derecho de propiedad, retenida mientras se verifican los trámites correspondientes, así como informar a la aduana cuanto sea necesario para determinar la base imponible y la clasificación arancelaria de los efectos, además de pagar los impuestos, tasas y multas a que hubiere lugar.

La aduana retiene los cargamentos para asegurarse que el sujeto pasivo cumpla a cabalidad sus obligaciones o, en otros términos, declare e informe a la aduana cuanto sea menester para determinar el valor, la clasificación arancelaria y el régimen legal y, realizadas las comprobaciones y determinaciones del caso, los tributos causados sean satisfechos, las multas pagadas y los bienes retirados de zona primaria.

No existe en la relación jurídico aduanera que se constituye con motivo de las operaciones aduaneras un segundo sujeto pasivo, ni la necesidad cierta de una segunda garantía que apuntale la ofrecida por la prenda aduanera. Dicha prenda es el equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la cosa que, en todos los casos, supera con creces los tributos y las eventuales multas que se pudieran adeudar.

Es de Perogrullo, pero necesario decirlo: toda garantía presupone una obligación y el obligado a prestarla es el deudor. Una segunda garantía y un segundo deudor como los que pretende la Ley reformada resultan ociosos por innecesarios, por lo que resulta sorprendente el numeral 6 del artículo 102 de la LOA reformada, que exige a los agentes de aduana “Constituir garantía cuyo monto no podrá ser inferior a la totalidad de los tributos que estimen se causarán por los regímenes aduaneros en el año siguiente a la iniciación de sus actividades, de conformidad con lo que establezca el reglamento. Esta garantía deberá actualizarse anualmente y cuando el monto de los tributos sea superior a los estimados inicialmente;” tal pedimento es un acto de violencia legislativa con claras pretensiones mercantiles, muy lejanas al deseo de proteger intereses fiscales. En este aspecto la Ley reformada incurre en contradicción, cuando sostiene en el numeral 7 del artículo 93 de la LOA se encarga de despejar cualquier duda acerca del carácter con el que actúa el agente de aduanas, al señalar: “Los agentes y agencias de aduana tienen las siguientes obligaciones: … 7. Verificar la existencia, representación legal y domicilio del declarante en cuyo nombre y por cuenta de quien actúa ante la Administración Aduanera.” (Negrillas-cursivas nuestras).

El reformador incurrió en evidentes excesos que alejan a la Ley Orgánica de Aduanas reformada del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia a que se refiere el artículo 2 de la Constitución, pero no captó que la relación jurídica aduanera carece de un órgano que represente al Estado como sujeto activo, pues los funcionarios aduaneros fueron despojados de su carácter de fiscales nacionales de hacienda y que el SENIAT mal puede constituirse como tal por carecer de personalidad jurídica, pero dada la importancia y complejidad del asunto, lo trataremos extensamente en otra oportunidad.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Junio 2015/Boletín Aduanero N° 57