La Aduana Nueva

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El sistema aduanero venezolano viene arrastrando desde hace casi un siglo instituciones nacidas a la sombra de un País rural, donde caudillos y gobiernos se mantenían trenzados en una inacabable batalla de supervivencia. Era la Venezuela del café y del añil, del cacao y del cuero, así como de un Estado pobre e inestable, urgido de rentas y cauteloso ante aventuras militares, necesitadas de armas para asaltar el poder. En esa Venezuela rural, las aduanas cumplían dos fines fundamentales: la recaudación de la renta y la de vigilancia, para que los enemigos del gobierno no introdujeran armas para alimentar las montoneras que atentaban contra el poder constituido.

En las profundidades de la historia criolla se consiguen los dos elementos que informan las aduanas de hoy: la fiscalidad y la politización. La primera hace que su eficacia se mida en términos monetarios, desdeñando otros baremos más propios de la aduana moderna (control, legalidad, velocidad de respuesta, honestidad, etc.). Politización, no en términos de ejecución de políticas de Estado con respecto al comercio internacional, sino como medio de alimentar el clientelismo partidista y auxiliar amigos y compañeros con estrecheces económicas.

Mantenernos sumidos en el charco de los atavismos es absolutamente irresponsable; un Estado moderno requiere de aduanas modernas, no solo por la novedad de sus equipos e instalaciones sino, fundamentalmente, por los principios que las informen y determinen.

La aduana que queremos y necesitamos debe ser autónoma, tanto desde el punto de vista de su legislación como de su ubicación en la estructura del Estado. Un Código Orgánico Aduanero es menester, para desbrozarla de ilegalidades y colisiones constitucionales y dotarla de certeza y estabilidad jurídica, tan necesarias para el comercio e inversión internacionales. Es necesaria una Superintendencia Nacional de Aduanas dirigida por expertos en la materia y con una visión clara y concisa de los beneficios que puede aportar el correcto uso de la tecnología. La multiplicidad de aduanas principales y subalternas no se justica, cuando las comunicaciones han convertido al mundo en un pañuelo. Una aduana central y única, con agencias y sucursales al estilo bancario, aumentaría el control hasta el infinito y acabaría con la multiplicidad y diversidad de trámites, tan proclives a las corruptelas y desmanes.

La justicia aduanera, hoy pisoteada por la ignorancia y el afán de lucro, debe ser reflotada, no con discursos grandilocuentes, sino con medidas concretas, como:

  1. a) Restablecimiento del recurso de reconsideración que, si bien ha sido calificado como poco útil, permite escudriñar en los motivos del acto recurrido y verificar la idoneidad del funcionario actuante, facilitando la determinación de responsabilidades por decisiones contrarias a la ley;
  2. b) Creación de los tribunales de aduanas, tanto de instancia como superiores, habilitados para conocer los casos de contrabando, el fraude y otros ilícitos;
  3. c) Creación de un Consejo de Recursos con participación del sector privado en términos minoritarios, que opere como órgano asesor del Superintendente de Aduanas en lo que a recursos jerárquicos se refiere;
  4. d) La formalización de la orden de entrega o levante como acto administrativo, producto de un procedimiento administrativo especial establecido en el Código Orgánico Aduanero e inspirado en los principios de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

La aduana debe recuperar el efectivo control de las mercancías sujetas a operación aduanera; para ello es necesario restablecer la confrontación de la carga al pie del vehículo porteador de tal manera que el servicio conozca, a través de sus propios funcionarios, el número y calidad de los cargamentos sometidos a su jurisdicción. Una aduana que no aprehenda las mercancías apenas abandonen el vehículo que las transportó, es lo que hemos llamado una aduana boba, incapaz de cumplir sus responsabilidades básicas.

Los almacenes y patios de la aduana deben volver a su efectiva potestad; antes de la malhadada creación del Instituto Nacional de Puertos, con fin evidentemente político-partidista y electoral, las aduanas manejaban estos espacios con gran eficiencia y poco costo. Los jefes de almacén eran personalmente responsables de las mercancías que recibían y cada vez que sucedía un robo se iniciaba una investigación policial y, casi siempre, los culpables eran aprehendidos. La autoridad portuaria cesaba en sus funciones una vez que entregaba el cargamento a la aduana y se firmaba la correspondiente acta de confrontación. No había vacíos entre el fin de la responsabilidad de uno y el inicio subsiguiente; los cargamentos eran permanentemente protegidos por quienes se sabían responsables efectivos de su custodia.

La informática y la telemática deben jugar roles de primer orden en la aduana moderna; no una informática manejada como sustituta de antiguos procedimientos que, en los sustantivo, sean el mismo musiú con diferente cachimbo. Estas herramientas de la modernidad deben utilizarse para simplificar y aligerar los procedimientos administrativos, sin renunciar a los controles que exige la ley; hasta el presente, el servicio ha sido objeto de maquinización, pero no de modernización y, mucho menos, de simplificación. El tiempo para desaduanar que antes se contaba por días, ahora se computa por semanas; la obtención de la orden de entrega nada garantiza al importador, pues aún debe superar el escrutinio de la segunda aduana instaurada en las puertas de la primera. La telemática, que acabó con el concepto de distancia que manejaron nuestros abuelos, hace posible la existencia de una sola aduana central ubicada en la capital de la República y desplegada en todos los lugares marítimos, aéreos y terrestres que requieran control aduanero. Los poderes, autorizaciones, permisos y licencias ya no se sustentarían sobre el papel, suplidos por códigos electrónicos casi imposibles de defraudar.

Nada impide que todo el trámite aduanero sea realizado desde las oficinas del agente de aduanas salvo, claro está, el reconocimiento; el papel debe ser suplido por el byte y la incertidumbre de hoy por la seguridad jurídica de mañana.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Agosto 2015/Boletín Aduanero N° 59