La modernización aduanera

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Desde la ya lejana década de los setenta, hemos sostenido que la modernización aduanera tiene múltiples facetas que deben ser atendidas simultáneamente pero que, sobre todo, dicha reforma debe iniciarse con una detección de los problemas y unas propuestas juiciosas para resolverlos. Lo inverso sería un ejercicio para llenar apariencias, para hacer creer que se avanza y se moderniza, cuando en realidad se encubren los problemas y se tapan sus causas; algo así como esconder lo barrido debajo de la alfombra.

Tenemos un Ley Orgánica que ya cumplió su cometido y requiere su sustitución por un Código Orgánico Aduanero moderno, ajustado a las realidades del País y que provea seguridad jurídica a funcionarios y particulares por igual; que recoja los múltiples instrumentos que actualmente rigen esta compleja actividad, poniendo fin a la dispersión legislativa que tantos problemas ha causado a través de los años. Como es obvio, este nuevo instrumento debe adecuarse a los profundos cambios contenidos en la Constitución de 1999, tales como la supresión del comiso y otros que sería prolijo enumerar ahora.

Los criterios para manejar la problemática derivada del agenciamiento aduanero, deben ser volteados ciento ochenta grados y una vieja injusticia debe ser corregida: la cometida con los egresados de los institutos superiores de formación aduanera, quienes no pueden ejercer libremente su profesión hasta tanto no pasen por el cedazo económico, es decir, hasta tanto no tengan una capacidad económica cuyo alcance se les impide. Así, estos profesionales quedan condenados a ser empleados de una Administración que ya no puede absorber más personal o de empresas que se benefician con el exceso de oferta laboral.

El control de las mercancías debe volver plenamente a manos de la aduana. Cae en el campo de lo caricaturesco que la aduana no reciba la mercancía al pie del vehículo porteador, con lo cual reduce a niveles insanos el control de la carga que es su función fundamental, pero actualmente preterida por la búsqueda –a todo evento– del aumento de los ingresos fiscales. En esta área pueden prestar un gran auxilio las herramientas informáticas, facilitando no sólo el conocimiento de la carga depositada, si no también el status aduanero de los efectos, modificable por el transcurrir del tiempo.

El sistema de valoración debe ser revisado en profundidad, no en cuanto a la normativa que deriva en buena parte de tratados internacionales, si no en cuanto a la aplicación práctica del control del valor, el cual pasa, necesariamente, por una cabal identificación de las mercancías y, muy especialmente, de las manufacturas. A este efecto es insoslayable la utilización de la tecnología de código de barras y de un sistema que relacione estos códigos con los valores declarados por lo consignatarios y exportadores, de manera tal que puedan ser contrastados e investigados, sin que ello constituya un retroceso a ya superados mecanismos de determinación de la base imponible.

El control posterior debe ser ejercido por un cuerpo altamente especializado, constituido por los mejores hombres del servicio, por quienes estén probados a través de los años y de los avatares de la función pública. Fue, es y será irresponsable lanzar a la calle, dotados de poder, a quienes no tengan la capacidad técnica y la fortaleza moral que se requieren para ejercer con éxito funciones tan exigentes como peligrosas.

La creación de juzgados superiores y de instancia especializados para atender asuntos aduaneros de manera exclusiva, no admite más dilaciones; lo contrario, es poner la justicia en manos de la ignorancia. Es menester que los actos de la Administración Aduanera sean recurribles –dentro de ciertos límites– ante la instancia judicial, procurando que los derechos de los ciudadanos no estén sujetos al abuso y la arbitrariedad del funcionariado o que la República resulte lastimada en los derechos y prerrogativas que le acuerdan las leyes.

Pero por encima de todo, las aduanas requieren hombres probos y capaces. Sin ellos, todo esfuerzo resultará nulo, toda acción terminará en fracaso y la sentencia del Padre de la Patria seguirá esperando en lontananza: «Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.»

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Octubre 2006/Boletín Aduanero N° 33