La Nota 6 del artículo 12 del Arancel de Aduanas

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Por la fuerza de la costumbre, hemos ido cayendo en una suerte de automatismo en la concepción y aplicación del régimen legal señalado en el artículo 12 del Arancel de Aduanas y, muy especialmente, en lo que atañe a la vigencia de los permisos, licencias y demás actos administrativos restrictivos que emiten los ministerios allí señalados.

Antes de entrar en cualquier otra consideración, es necesario señalar que todo acto administrativo debe tener una causa la cual consiste, a decir de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, “…en el fin concreto que los órganos administrativos persiguen en ejercicio de su actividad para satisfacer el respectivo interés público.” (Sentencia N° 01705 del 20/07/2000, Sala Político Administrativa). No es difícil entender que los actos administrativos no pueden ser ociosos, que deben perseguir un fin concreto enmarcado dentro del bloque de la legalidad, “pues aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma…” (Artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos)

Sobre la finalidad opina Allan Brewer Carías: “El quinto de los requisitos de fondo del acto administrativo, es la finalidad, pues, toda actividad administrativa en el Estado Moderno, está condicionada por la Ley, siempre, a la consecución de determinados resultados. Por tanto, la Administración tiene que ceñirse obligatoriamente a los fines prescritos en la Ley, y no puede la Administración buscar resultados distintos a los perseguidos por el legislador, pues la Ley lo que prescribe es el logro de determinado y preciso fin. Por tanto, así como el elemento causa de los actos administrativos se busca preguntando ¿por qué se dicta el acto? El elemento fin del acto administrativo se obtiene preguntando ¿para qué se dicta el acto?” (El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, págs. 155 y 156)

Recordemos que traer y sacar (importar/exportar) los bienes del país es un derecho constitucional (Art. 50), cuyo ejercicio no admite “… más limitaciones que las establecidas por la ley”

Ya ubicados dentro del marco teórico-jurídico aplicable a cualquiera de las notas del artículo 12 del Arancel de Aduanas, creemos oportuno iniciar el análisis del Permiso Del Ministerio de Agricultura y Tierras (nota 6). Vale señalar que, en este caso, el término sanitario está referido exclusivamente a la sanidad animal y vegetal, pues la salud humana es competencia exclusiva del Ministerio de la Salud; recordemos también que todo acto administrativo debe estar precedido por un procedimiento durante el cual se configura la voluntad de la Administración y durante el cual el administrado tiene pleno derecho a intervenir en defensa de sus intereses, pues en buena ley la función pública no está dirigida a perjudicar el contribuyente ni a hacerle la vida más engorrosa; por el contrario, la consigna debe ser: mayor beneficio público con menor perjuicio privado.

Mas no sólo la nota 6 del artículo en cuestión tiene carácter sanitario; también gozan de ese carácter las notas 3 (Permiso del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), 5 (Certificado Sanitario del País de Origen) y 12 (Permiso Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). Según Rafael Bielsa, estas restricciones se encuadran dentro del concepto de policía sanitaria la cual, a su decir, “… varía “… atendiendo al modo en que la acción legislativa o administrativa se manifieste, ella puede serlo: 1°, en forma negativa en cuanto el Estado limita el arbitrio de los individuos a fin de que sus acciones u omisiones no causen daños o peligros a la colectividad (lo que no es sino la aplicación de un elemental principio de justicia, el neminenlaedere, y que en está comprendido evidentemente en el concepto de funciones represivas que el Estado ejerce de pleno derecho) …(Bielsa, Rafael. Ciencia de la Administración, Pag. 364). Este carácter represivo, reconocido por éste y otros eminentes autores, es relevante por cuanto implica que su interpretación y aplicación debe hacerse de forma restrictiva o, en otras palabras, tanto una como otra deben sujetarse estrictamente a la ley que las establece, sin que puedan ir ni un ápice más allá de lo que ella les permita.

El 3 de junio de 2008, el Presidente de la República dictó el Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral con el “… objeto de garantizar la salud agrícola integral.” Allí se señala (numerales 1 y 2 del artículo 68) que los permisos de importación y exportación se otorgan para garantizar el estado zoosanitario de los animales, productos y subproductos y materias primas del mismo origen y para garantizar el estado fitosanitario de los vegetales, productos, subproductos y materias primas del mismo origen. Siendo estos los fines únicos de los permisos zoosanitarios y fitosanitarios de importación, debemos hacer las siguientes reflexiones:

1.- La concesión o negación del permiso de importación está sujeto al resultado del análisis de riesgo a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Salud Agrícola Integral, que a la letra dice: “Toda importación de animales o vegetales, productos, subproductos y materias primas de ambos orígenes, estarán sujeta a un análisis de riesgo a fin de establecer las medidas sanitarias que puedan prevenir y evitar riesgos para la ganadería y la agricultura, el ambiente y las personas; cuyos resultados autorizarán o denegarán el Permiso Sanitario de Importación. La negativa para el otorgamiento del Permiso Sanitario de Importación se realizará mediante acto motivado, que será debidamente notificado a los solicitantes.” Dicho análisis (de riesgo sanitario, obviamente) debe realizarse dentro del respectivo administrativo, respetando todos los derechos del administrado señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Además, si el resultado de un análisis es favorable a un administrado, no debe ser desfavorable para otro en igualdad de condiciones.

2.- Por cuanto ni el Ministerio de Agricultura y Tierras ni sus órganos adscritos realizan una observación directa sobre los animales o vegetales a importar, su pronunciamiento se basa en el estado sanitario del país de origen y de los medios de transporte a utilizar. Por tanto, una vez embarcados los semovientes o vegetales objetos de importación, el acto administrativo (permiso) habrá cumplido sus fines y se extinguirá. Por tanto, basta que el permiso esté vigente para el momento en que los bienes abandonen el país de origen para que sea aplicable, pues exigir una vigencia más dilatada sería un acto eminentemente ocioso y sin relación alguna con los fines de la norma.

3.- El Ministerio de Agricultura y Tierras está facultado para pronunciarse acerca del estado zoosanitario o fitosanitario de los bienes importados, pero no para restringir las cantidades a importar, dado que la política comercial del país no es de su competencia. No debe entenderse esto como una negación de su competencia para colaborar en el establecimiento de las políticas de comercio internacional agropecuaria, mas no es órgano operativo en materia de contingentamiento. Así, no es apropiado que al concederse un permiso zoo o fitosanitario se señale una determinada cantidad a importar, pues nada tiene que ver lo numérico con lo sanitario.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Noviembre 2011/Boletín Aduanero N° 55