Las Tasas Aduaneras

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La idea del tributo tasa está indefectiblemente ligada a la prestación de un servicio por parte del Estado o, visto desde la acera del frente, a la recepción de un beneficio por quien soporta la exacción.

Llámase tasa –dice Rafael Bielsa en su Compendio de Derecho Público– «a la cantidad de dinero que el Estado percibe en pago de la prestación de un servicio público o de una «ventaja diferencial» que aporta un acto administrativo o judicial». Por su parte el argentino Héctor B. Villegas dice que según su concepción «la tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente», para luego señalar que «la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que es de la naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente.»

Por su parte, el Modelo de Código Tributario para América Latina (OEA/BID) dice en su Exposición de Motivos que «el hecho generador de la tasa está caracterizado por la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en la persona del contribuyente y que es inherente al Estado», para luego preceptuar en su artículo 16: «Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pagos de servicios no inherentes al Estado.» Pero hay más: El destino –sostiene la Exposición de motivos del Modelo– tiene que ser necesariamente la financiación del servicio cuyo funcionamiento constituye el presupuesto de la obligación. Si la razón que sirve de fundamento jurídico a la tasa es la prestación de un servicio estatal, es menester que el producto tenga como único destino el servicio mismo, entendido que éste en términos amplios. No se trata de una adecuación al “costo”, que es un concepto de medición de las tasas que ha sido desechado, si no una limitación en cuanto al destino de los fondos que se recauden, para evitar que las tasas se transformen en impuestos disimulados.»

Maurice Duverger en su libro Hacienda Pública, es tajante al referirse a las tasas: «Son las «remuneraciones por servicios prestados»…» y agrega: «La noción de tasa supone, pues, una cierta correspondencia entre el precio pagado y el servicio prestado.»

Por su parte, Giannini, en obra «Instituciones de Derecho Tributario» dice que «La tasa es la prestación pecuniaria debida a un ente público, en virtud de una norma legal y en la medida que en ésta se establezca, por la realización de una actividad del propio ente que afecta de modo particular al obligado.»

Como podrá notarse, reputados autores de diversas latitudes admiten pacíficamente que el tributo tasa se encuentra íntimamente ligado a la prestación de un servicio por parte del Estado a favor de un ciudadano individualmente considerado y no como miembro de la colectividad. Entonces, surge una pregunta: ¿Las aduanas prestan un servicio al ciudadano? La respuesta puede parecer contradictoria: si y no. Veamos.

Todo ciudadano, considerado como miembro de un colectivo, reciben de la acción aduanera beneficios en el orden moral, sanitario, social, económico, de seguridad personal y pública, etc; pero ese mismo ciudadano, considerado individualmente, es objeto, por parte de las aduanas, de medidas que restringen el ejercicio de sus libertades y derechos constitucionales, entre los que cabe citar los señalados en los artículos 50 (traslado de bienes) y 115 (propiedad) de la Constitución Nacional. No es difícil entender que las aduanas prestan servicios al colectivo, pero no al individuo, a quien aplican medidas de policía administrativa, entendiéndose como tal la actividad mediante la cual un ente público impone restricciones a la libertad personal y a la propiedad, en procura de beneficios colectivos y de una vida cómoda y tranquila para toda la ciudadanía.

La actividad aduanera se inscribe, como pocas, dentro del concepto de policía administrativa por lo que mal podría ser prestataria de servicios que beneficien al ciudadano individualmente considerado. Por el contrario, las aduanas imponen cargas que se manifiestan en la obligación de hacer, no hacer y tolerar:

Hacer: Trasladar las mercancías hasta zona primaria, declararlas correctamente, pagar los tributos y retirarlas en su oportunidad.

No hacer: No evadir la intervención aduanera (ni directa ni indirectamente); no ocultar mercancías en el reconocimiento; no simular cumplimiento de requisitos aduaneros esenciales; no desviar, disponer o sustituir mercancías sujetas a régimen de depósito aduanero, etc., etc..

Tolerar: Tolerar el ejercicio de la potestad aduanera en todas sus manifestaciones, tales como: visitas de fiscalización y el ejercicio de controles dirigidos a la prevención y represión de ilícitos fiscales.

Raya en lo en lo escandaloso, por antijurídica, la tasa por servicios de aduana o tasa por determinación. Además de que contradice el principio de buena fe establecido en el artículo10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, desarrollado por el artículo 23 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos; además de restringir el ejercicio pleno de la propiedad, entendida como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva; además de imponerle al consignatario o exportador la fatigosa tarea de abrir bultos y contenedores a objeto de verificar sus contenidos; además de acarrearle a éstos una cantidad de gastos y esfuerzos, muchos de los cuales se originan en la desbordada discrecionalidad del funcionario; además de que los bienes sujetos a operación aduanera corren riesgos de pérdida o deterioro; además de que la espada de Damocles en que se ha convertido el almacenaje impide el ejercicio del derecho de que la justicia sea gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, en contradicción con el mandato expreso del artículo 26 de la Constitución Nacional.

A pesar de estos pesares, el Estado cobra un tributo que denomina tasa, aun cuando es obvio que el usuario de la aduana soporta medidas restrictivas de su libertad y derechos, sin que le preste un servicio o se le produzca un beneficio. A través de los servicios aduaneros, el Estado ejerce su poder de imperium sobre los bienes que ingresan y salen de país. En el ejercicio de ese poder, el Estado no presta ningún servicio individualizable y, por el contrario, restringe derechos e impone cargas de variada intensidad.

Como no es difícil entender, el usufructuario de la retención forzosa que hace la aduana en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de Aduanas, es el Estado. Por tanto, es él, quien debe procurar los medios de almacenamiento y, en caso de subcontratación, sufrir los gastos que se produzcan.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Septiembre 2008/Boletín Aduanero N° 42