Multas y Resolución 2.170

aduanas

A mediados del mes de julio, la prensa reseñó que el SENIAT había recaudado 8,3 millones de bolívares por concepto de multas impuestas a cuatro agencias de aduana que operan ante la Aduana de San Antonio del Táchira; según dice la nota, dichas sanciones fueron aplicadas por presentación extemporánea de la fianza que a dichos agentes exige el numeral 6 del artículo 1° de la Resolución N° 2.170 del entonces Ministerio de Hacienda, de fecha 3 de marzo de 1993.

Estas multas que para el lector no avisado pudieran significar una muestra de la eficiencia del SENIAT en la represión de los ilícitos aduaneros son, por el contrario, una triste muestra del estado de ilegalidad en el que se encuentra el servicio aduanero nacional. Veamos por qué.

Para que una acción u omisión humanas sea considerada como delito o falta, es menester la preexistencia de una ley formal que las describa de manera exacta, es decir, de una norma jurídica de carácter general dictada por el Poder Público en ejercicio de su función legislativa. La doctrina penal universal concreta este aserto en la máxima “Nulla poena sine lege” que, en términos más comprensibles, significa “que no puede aplicarse una pena por un delito cometido, sin la existencia previa de una ley que lo estatuya” (Anselmo Von Fuerbach citado Jorge Sosa Chacín). Nuestra Constitución acoge este principio del derecho penal universal en el numeral 6 de su artículo 49: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.” También, en su oportunidad, lo hizo la Constitución de 1961, al señalar: “Artículo 69. Nadie podrá ser juzgado sino por sus jueces naturales, ni condenado a sufrir pena que no esté establecida por la ley preexistente.”

En ambas constituciones el término ley fue definido formalmente; en la de 1961: “Artículo 162. Los actos que sancionen las Cámaras como cuerpos colegisladores se denominarán leyes. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia podrán denominarse Códigos.” En la de 1999: “Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.” De esta manera, las constituciones eliminaron cualquier posibilidad de que por vía interpretativa se pretendiera conferir rango de ley a actos del Poder Público distintos al legislativo y, muy especialmente, a actos del Poder Ejecutivo, tan proclive a incurrir en arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones.

Cuando las constituciones reservan a la ley el tratamiento de ciertas materias de especial importancia para la vida de la sociedad, no hace otra cosa que reafirmar el principio de la soberanía popular, preceptuando que solamente el pueblo, a través de sus legítimos representantes sitos en la Asamblea Nacional, pueden tomar determinadas decisiones, siempre bajo la suprema tutela de la Constitución. Caso contrario, si la Carta Magna permitiese que un órgano del Estado diferente al legislativo señalara delitos y faltas y sus correspondientes penas, sería ese órgano el que ejercería la soberanía y no el pueblo, pues de la voluntad de ese poder superior dependerían las penas aplicables al colectivo nacional; debemos recordar que la Constitución de 1999 desecha cualquier duda sobre este punto, al señalar: “Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.”

Es principio constitucional está, además, reiterado en textos legales que se citan a continuación:

1) Código penal: “Artículo 1° Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.”

2) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: “Artículo 10. Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los limites determinados por la ley.”

A estas alturas del análisis, podemos afirmar que:

a) Sólo la Ley, entendiéndose como tal el acto del Poder Público definido en el artículo 202 de la Constitución, puede señalar conductas humanas que puedan ser tenidas como delitos a faltas;
b) No es punible una conducta que no esté señalada como tal por ley preexistente;
c) Ningún acto administrativo, sea cual fuese su jerarquía, puede crear tipos penales ni establecer penas.

Las multas que motivaron este artículo se aplican por incumplimiento del numeral 6 del artículo 1° de la Resolución 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993, dictada por el entonces Ministro de Hacienda Pedro Rosas Bravo y publicada en la Gaceta Oficial N° 35.164 del 4 del mismo mes; la multa es la señalada en el numeral 1 del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas, procedente cuando el auxiliar de la Administración Aduanera no entregue oportunamente a la aduana “… los documentos exigidos en esta Ley o su Reglamento…” (negrillas nuestras). Dicho numeral 6 establece, como requisito para la obtener la autorización para actuar como agente de aduanas, la constitución de fianza por un monto equivalente al de su capital social.

Bastaría alegar que esa fianza no es exigida por la Ley ni por su Reglamento para desbaratar la pretensión fiscal, pero incurriríamos en una omisión inexcusable si no expresamos lo siguiente:

1.- En el supuesto absolutamente negado de que la Resolución 2.170 no fuera inconstitucional e ilegal, la no satisfacción de los requisitos establecidos en ella traerían como única consecuencia la negación de la autorización o su revocación, si fuere el caso. Así, por ejemplo, si una persona se dirige a las autoridades de tránsito terrestre en solicitud de licencia para conducir vehículos y no presentare el certificado médico correspondiente, simplemente se le negaría la licencia, pero no se le impondría sanción alguna;

2.- La Resolución 2.170 fue emitida con el único fin de proteger a las grandes agencias de aduana de la competencia que le harían la gran cantidad de profesionales aduaneros egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) y otros institutos de formación aduanera. Esta Resolución, como pocas en el ámbito aduanero, es la expresión del poder de la oligarquía gobernante en ese entonces y de lo que es capaz en defensa de sus intereses económicos;

3.- La Ley Orgánica de Aduanas (1978) crea la figura del agente de aduanas, con el fin de profesionalizar la actividad aduanera ejercida para ese entonces por los llamados comisionistas de aduana. En ese entonces, sólo la Ley fijaba requisitos, pero mediante una reforma se habilitó al Presidente de la República para establecer otros por vía reglamentaria, pero es el caso que esa habilitación no existía para el momento en que se promulga el Reglamento; por ello, el artículo 133 del Reglamento es inconstitucional e ilegal desde su origen al interpretar erróneamente el artículo 31 de la LOA vigente para entonces (actual artículo 37), el cual se refiere al acto administrativo autorizatorio y no a los requisitos para que dicho acto se produjese. En ese artículo, se habilita al Reglamento para señalar en la autorización cualquier otra circunstancia que estimare conveniente, pero no para fijar nuevos requisitos;

4.- No contento con violentar el artículo 31 vigente para el momento de ser promulgado, el reglamentista incurre en el garrafal error de enmendar la plana a Ley Orgánica, al subdelegar en el Ministerio de Hacienda lo que a su vez (por vía de errónea interpretación) le había sido delegado. El reglamentista parecía no saber que en derecho administrativo no existen subdelegaciones, pues ellas equivaldrían a dotar a los órganos subalternos de la Administración de las mismas facultades que la ley reserva a los de más alto nivel, lo cual resulta contrario a derecho;

5.- El trabajo es un derecho humano con rango constitucional, garantizado en el preámbulo de la Carta Magna y en sus artículos 3, 80, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 112, 299 y 308, así como en múltiples artículos de diversas leyes;

6.- Para el momento en que promulga la Resolución 2.170, el artículo 133 del Reglamento de la LOA violaba flagrantemente la Ley, al considerar que él podía señalar “cualquier otra circunstancia” con respecto a los requisitos, cuando en realidad esa locución era aplicable exclusivamente a la autorización, es decir, al acto administrativo emanado del Ministerio de Hacienda para responder la solicitud presentado por el interesado. Considerar que el artículo 31 (ahora 37) de la LOA permitía la generación de nuevos requisitos constituye un error garrafal, por ausencia total de sustento gramatical, lógico y jurídico.

La Resolución 2.170 (03/03/1993) ya alcanzó su mayoría de edad. Durante estos dieciocho años ha sido utilizada para violar los derechos constitucionales de los profesionales aduaneros; ha servido para beneficiar a los poderosos, en desmedro de millares de jóvenes egresados de los institutos de formación aduanera; es, como pocos actos administrativos, la redomada expresión del ejercicio oligárquico del poder, de un poder que de espaldas al pueblo, se manejó en beneficio de pocos y desmedro de muchos.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Agosto 2011/Boletín Aduanero N° 54