Nuevo Reconocimiento

aduanas

No hay dudas de que el reconocimiento de mercancías que se ejecuta en el desarrollo de una operación aduanera, tiene una importancia muy especial, tanto para el consignatario aceptante o exportador (sujetos pasivos), como para el Estado (sujeto activo), pues de sus resultas penden importantes consecuencias aduaneras, tanto para unos como para el otro.

Una vez llegadas las mercancías a lugar habilitado para la operación de que se trate, aprehendidas por el Estado y declaradas por su propietario, de desencadena un procedimiento que tiene en la determinación de la obligación aduanera su punto más relevante, su momento crítico o, como diríamos en términos coloquiales «la hora de la verdad».

Parafraseando a Carlos Giuliani Fonrouge, podemos decir que la determinación de la obligación aduanera es el acto donde la Administración y el particular, coordinadamente, realizan una serie de actividades destinadas a establecer, en cada caso particular, la configuración del prepuesto de hecho que genera la obligación aduanera, así como la satisfacción de los requisitos a que la operación pudiera estar sometida.

En virtud de la intervención del administrado, dicha determinación es la que algunos tributaristas denominan «mixta», en oposición a la «de oficio», en la cual la Administración opera sin ayuda ni participación del particular. En algunos casos, la ausencia del interesado en el acto de reconocimiento trastoca el carácter «mixto» en «de oficio».

Nuestra legislación aduanera tiene un procedimiento sin parangón en el derecho administrativo ordinario: el nuevo reconocimiento. No es un recurso de reconsideración, por cuanto no se ejerce ni lo decide el mismo funcionario; tampoco es un recurso jerárquico, por cuanto no se interpone ante el jerarca ni lo decide éste. Es, si, una figura aduanera de especiales características en su nacimiento, desarrollo y culminación. Se realiza, en primer término, por disposición del Jefe de la Oficina Aduanera dentro de la más amplia discrecionalidad; puede ser ordenado a petición del consignatario «conforme a las normas que señale el Reglamento», o puede mandarse «cuando se trate de efectos que presenten condiciones de peligrosidad». En todos los casos, la decisión es competencia del Jefe de la Oficina Aduanera.

La conjunción disyuntiva «o», utilizada dos veces en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Aduanas, produce tres alternativas –repetimos– para que el Jefe de la Oficina pueda ordenar nuevos reconocimientos:

1) Cuando éste lo considere pertinente;

2) Cuando lo solicite el consignatario, a condición de que la petición se realice conforme a las normas que señale el Reglamento; y,

3) Cuando las mercancías presenten condiciones de peligrosidad, que amenacen la integridad de otras mercancías, personas, instalaciones y equipos, que estén sujetos a inmediata descomposición o deterioro, o cuando existan fundados indicios de alguna incorrección o actuación ilícita.

La segunda, es decir, cuando opere la solicitud del consignatario, queda expresamente condicionada a la satisfacción de normas reglamentarias, por lo que podemos afirmar que la promulgación de un Reglamento aduanero que trate esta materia tiene carácter obligatorio, pues su ausencia compromete la responsabilidad del Estado, al imposibilitar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Aduanas en áreas tan sensibles como el derecho a la defensa y la determinación aduanera y tributaria.

El Capítulo de la Ley correspondiente al reconocimiento sufrió una amplia modificación, por lo que cualquier pretensión de aplicar el Reglamento de 1979 sería tan absurdo como aceptar que el reglamento de cualquier ley pueda ser anterior a ella, pero también surge una interrogante: Cuando una norma legal condiciona su aplicación a la existencia de un texto reglamentario ¿Procede su aplicación aun cuando no exista reglamentación? Todo indica que no, pues si el legislador utilizo la locución «conforme a las normas que señale el Reglamento», fue porque estimó necesario condicionar las solicitudes de nuevos reconocimientos efectuadas por los consignatarios, cosa que no hizo con respecto al jefe de la oficina aduanera. Pero también procede otra pregunta: ¿Puede el Estado invocar sus propias omisiones para limitar el ejercicio del derecho a la defensa? También en este caso la respuesta es negativa, pues la Constitución señala en el segundo párrafo de su artículo 26 que «El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.»

Así las cosas, estamos ante un conflicto que amerita de inmediato:

a) La reglamentación hasta ahora omitida;

b) La prevalencia de la Constitución y, en consecuencia, un tratamiento amplio de las solicitudes de nuevos reconocimientos efectuadas por los consignatarios, en el entendido de que –en el peor de los casos– es preferible resguardar los derechos tutelados por la Constitución que contrariarlos alegando omisiones que no pueden imputarse al administrado.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Marzo 2006/Boletín Aduanero N° 26