Resolución 2.170

aduanas

La Resolución N° 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993, ha cumplido diecisiete años de perjuicio al sistema aduanero nacional. Evidentemente viciada de inconstitucionalidad e ilegalidad, ha sobrevivido durante más de tres lustros, por esa fatalidad venezolana de que los males llegan para quedarse.

La promulgación de esta Resolución, obedeció a obscuros intereses comerciales que vieron en la creación de nuevas agencias de aduanas un perjuicio intolerable y desobedeciendo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Aduanas, cercenaron el derecho de muchos a ejercer la profesión de aduanero.

A este instrumento se le empiezan a ver las costuras en su misma base legal: ordinal 5° del artículo 4° de la Ley Orgánica de Aduanas; maliciosamente obviaron citar el artículo 30 que era el único que para la fecha establecía requisitos, como tampoco los artículos 31 y 32 que, en definitiva, eran los únicos que abordaban la materia. Prefirieron, aviesamente, invocar dicho ordinal 5°, el cual facultaba el Ministro de Hacienda de entones a dictar normas sobre “… otros aspectos que afecten directamente la actividad aduanera.”

Los redactores de la malhadada Resolución tuvieron el coraje de contraponer esa suerte de facultad “buzón” al segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución vigente para el momento: “La libertad de trabajo no estará sujeta a otras restricciones que las que establezca la ley.” Con tal audacia, el Ministro asume una competencia reservada a otra rama del Poder Público (el legislativo) quien en representación del pueblo es el único que puede limitar los derechos de la ciudadanía, a través de leyes promulgadas de conformidad con la Constitución.

No menos claro es el artículo 82 de la Constitución del 61: “La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”. Acaso los aduaneros egresados de la ENAHP y otros institutos no son profesionales? Sólo así se podría entender que no fuera la ley quien les estableciera las condiciones a cumplir, tal como lo exige en transcrito artículo 82. Este artículo, junto con el segundo párrafo del 84, no permiten dudas sobre la reserva legal que pesa sobre las restricciones al trabajo.

La resolución bajo análisis tampoco encuentra asidero en la Constitución de 1999, la cual, en su artículo 87 in fine, señala: “La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.”

Pero además de inconstitucional en su conjunto, esta Resolución es un adefesio producido por intereses insanos y redactado por lo que pareció ser un congreso de ignorantes. Expliquemos el por qué de esta afirmación:

1) Exigir un capital pagado de un millón de bolívares por cada aduana principal en la se pretenda operar, limita el ejercicio de la profesión a los que tengan dinero, creando una situación de discriminación en perjuicio de los menos afortunados. Tal separación entre “buenos” y “malos” en virtud de su fortuna, no sólo es contrario a la Constitución si no que también resulta en una odiosa discriminación propia de la edad media.

2) Exigir una fianza de fiel cumplimiento es un absurdo. ¿Cumplir fielmente qué? Las infracciones a la ley constituyen delitos o faltas, pero los redactores de la Resolución le agregaron las infidelidades; así, si un agente de aduanas no cumple fielmente con lo que establezca el mandón de turno, la fianza será ejecutada. Pero no todo queda ahí; la redacción del numeral 6 del artículo 1 da a entender que dicha garantía es requerida por el artículo 146 de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando en realidad dicho artículo lo que hace es clasificar las fianzas en permanentes y eventuales y señalar que deberán otorgarse en documento auténtico por empresas de seguros o compañías bancarias establecidas en el país.

3) El artículo 7° se refiere a que “la infracción, violación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Resolución, o de cualquier otra norma que regule la actividad de los agentes de aduana, será sancionada con …” con lo cual la máxima “nullum crimen, nulla poenae sine lege, que es la base de la tipicidad sobre la que tanto han trabajado juristas de diferentes partes y que es uno de los más grandes adelantos del derecho penal moderno y que nutre a casi todas las constituciones democráticas del mundo, fue lanzada al cesto de la basura. Con increíble desenfado, los redactores de la 2.170 legislaron penalmente, apropiándose de una atribución que corresponde al poder legislativo.

En esta escalada de ilegalidad, las aduanas están aplicando la multa señalada en el numeral 1 del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas, por retardo en la presentación de la fianza de fiel cumplimiento hija de la Resolución comentada. Parece que nuestros gerentes de aduana no han advertido lo que dice la norma: “1) Cuando no entreguen oportunamente a la aduana alguno de los documentos exigidos en esta Ley o su Reglamento …” Es menester ser muy lerdo o tener pésima intención para no entender que la Resolución 2.170 es algo distinto a la Ley Orgánica de Aduanas y a su Reglamento. Parece increíble, pero en esa confusión propia de analfabetas incurren muchos gerentes de aduana.

Pero más que un problema constitucional o legal, lo que nos llama profundamente la atención es que los profesionales aduaneros de este país se hayan sometido durante diecisiete años a una cantidad de obligaciones aberrantes, inconstitucionales e ilegales, no empinándose para estar a la altura de una Constitución que señalaba “Son irrenunciables por el trabajador las disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo.”

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Marzo 2010/Boletín Aduanero N° 49