Tipo Penal

aduanas

Hemos leído en múltiples oportunidades locuciones del tenor siguiente: “Las infracciones a la presente Resolución serán sancionadas…” Con tal afirmación debe entenderse que el o los ministros firmantes se consideran en la capacidad de señalar lo que en derecho penal se denomina precepto o tipo, que a decir del admirado profesor Alberto Arteaga Sánchez “consiste en el imperativo de una determinada conducta, en la prescripción de no hacer o de hacer algo”. De esta manera dichos funcionarios se adjudican una materia que por mandato constitucional está estrictamente reservada a la ley y que no es más que la absorción de un principio penal de universal reconocimiento: “Nulla poena sine lege”, que en términos más simples significa que no puede aplicarse una pena por un delito cometido sin la existencia previa de una ley que lo estatuya, o como señala nuestra Constitución vigente en el numeral 6 de su artículo 49: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.” (Resaltados nuestros)

Para nuestro constituyente, “La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador” (artículo 202 de la Constitución), con lo que se descarta cualquier otra definición distinta a ésta; así, queda eliminada cualquier posibilidad de que en nuestra legislación se llame ley a cualquier norma o conjunto de normas que no hayan sido el producto de la actividad legislativa de la Asamblea Nacional, pues aun cuando el Presidente de la República puede ser habilitado para legislar, los productos de esa actividad son llamados decretos con rango y fuerza de ley, mas no son leyes desde el punto de vista formal.

Lo que los juristas llaman materia de reserva legal, es decir, asuntos que sólo pueden ser tratadas por el Estado mediante ley formal, es la concreción del principio de la soberanía popular, recogido por el artículo 5 de la Constitución en los siguientes términos: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público.” Por tanto, no se reconoce autoridad superior a la del pueblo y consecuencia, se desecha cualquier posibilidad de que un poder distinto al popular imponga obligaciones o establezca sanciones. Es un principio fundamental que solamente el pueblo puede obligar al pueblo, prescribirle algunas conductas y prohibirle otras, calificar algunas como delitos o faltas y señalar las penas correspondientes, establecer impuestos, y regular materias relevantes como la educación, la competencia de los órganos del Estado, la defensa, etc.

Siendo que la soberanía reside en el pueblo, sería inadmisible que una voluntad distinta a la de éste regule su conducta; de ser así, la soberanía popular no sería más que un concepto vacío únicamente útil para adornar discursos grandilocuentes y clases magistrales.

Nos estaríamos dirigiendo a la prehistoria del derecho penal si establecemos en ley la pena y en actos administrativos el tipo o, en otros términos, si la ley señala la sanción y el órgano administrativo la conducta punible. Pero es bueno dejar claro “que los preceptos penales no se encuentran enunciados o formulados explícitamente en la ley penal. Esta se limita a describir el hecho ilícito, a cuya verificación corresponde la sanción penal, y del contexto de la disposición que fija la sanción se deduce el precepto o regla de conducta.” Así, la ley no prohíbe matar seres humanos, pero establece una pena para quien lo haga, de donde se deduce tanto la conducta que se prohíbe como el bien jurídicamente protegido: la vida.

Por el bien de todos, debemos señalar las desviaciones que en esta materia sucedan; caso contrario, podríamos correr graves riesgos y encaminarnos a la pérdida total del Estado de justicia y de derecho señalado en nuestra Constitución.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
Octubre 2010/Boletín Aduanero N° 52